A través de un comunicado de prensa, se informa que en un acto protagónico y absurdo por parte de la llamada «Opus Magnum de México, AC» que dirige Flor Tapia Pastrana, fue interpuesta una demanda en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en contra del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, el matador Diego Silveti, y los señores Jorge Ávila y Jaime Valenzuela, organizadores de la corrida celebrada el pasado 20 de diciembre en la Plaza de Toros Cancún.
La Asociación Civil, demanda a los toreros y empresarios por la posible «Comisión de delitos contra el ambiente y la fauna». Todo esto se desprende luego que el pasado 25 de noviembre, el Diario Oficial del Estado publicara la prohibición de la celebración de festejos taurinos en dicha entidad. Sin embargo previo a la publicación las autoridades del municipio de Benito Juárez, habían autorizado la celebración de la corrida del 20 de diciembre, que por cierto sería para conmemorar el aniversario número 30 de la Plaza de Toros Cancún.
A la fecha se desconoce si el ayuntamiento a través de su Dirección de Ecología, cuenta con un reglamento de bienestar animal así como las sanciones por violar dicha normatividad. Con esta medida prohibitiva, el estado de Quintana Roo, trunca centenares de empleos directos e indirectos y pierde millones de pesos en 280 eventos de los cuales 95 son parte de las fiestas patronales.
A estos activistas hay que recordarles que la ley no es retroactiva y esa corrida ya había sido autorizada. Que nuestra Constitución en el capítulo 1 de las garantías individuales establece en su artículo 5o. que ninguna persona puede ser impedida para dedicarse a su profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode. Y que la opinión de los pueblos originarios defensores de sus tradiciones usos y costumbres no fueron tomados en cuanta para tomar dicha medida.
Por Luis Pereda de Península Taurina
