La Comunidad de Madrid ha destinado un total de 1.117.701,69 euros a ayudas de concesión directa a 23 titulares de explotaciones ganaderas dedicadas a la cría del ganado de lidia. Unas ayudas que tienen como objeto compensar la disminución de ingresos como consecuencia de la cancelación de los festejos taurinos por la pandemia. De las 95 explotaciones ganaderas de cría de toro de lidia a las que la Comunidad de Madrid informó de esta línea de ayudas, solo 23 justificaron el cumplimiento de los requisitos para su obtención.

Las ayudas se concedan a través de convenios entre el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) -perteneciente a la consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad- y los 23 ganaderos objeto de la subvención, dentro de un Plan Estratégico. El periodo de vigencia de los convenios, tal y como ha aprobado el Gobierno regional, es hasta el 30 de junio de 2021.

La Comunidad ha establecido una ayuda máxima de 100.000 euros por beneficiario y de 1.500 euros por cada hembra reproductora mayor de 18 meses que se encuentre registrada en el Registro de Identificación Individual (RII). Solo podrán ser objeto de esta ayuda, como máximo, el 35% del total de ejemplares de estas características que posea cada explotación ubicada en la Comunidad de Madrid. Además, el acuerdo establece que los ganaderos de toro de lidia de la región receptores de la ayuda están obligados a mantener en sus explotaciones a los animales por los que reciben la ayuda hasta, al menos, el 20 de junio de 2021, así como a documentar la pérdida de ingresos sufrida en 2020. Dicha pérdida se determinará partiendo de los ingresos obtenidos por el beneficiario entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 por la venta de ganado de lidia, que se compararán con los obtenidos por esta misma actividad entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020 y la estimación correspondiente al tercer trimestre del año.

Estas ayudas directas tienen carácter excepcional y de interés público, económico y social, con el fin de facilitar liquidez a las explotaciones ganaderas beneficiarias y evitar, así, la desaparición de este subsector ganadero que reporta beneficios a la economía del sector primario, al desarrollo rural, al medio ambiente y a la riqueza cultural.